Texto publicado por Jaime Nelson Arboleda Barrera

Por considerarlo de sumo interés y por la gravedad de las denuncias,
les envío este documento, escrito por JUAN GOSSAIN, que no es
precisamente un hombre de izquierda o un crítico del gobierno.
Así se robaron el sistema de salud de los colombianos
Por:JUAN GOSSAÍN . | 23 de Marzo del 2012

Juan Gossaín hace un crudo repaso de las lacras que llevaron al
sistema a un estado agónico.
Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha
muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia.
En Villavicencio, un niño, que hoy tiene 2 años, a los 6 meses de edad
sufría de un tumor en la vista. Caprecom, empresa a la que está
afiliado, dilató el tratamiento y, pese a la urgencia advertida a
tiempo por los médicos, se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores
se unieron para intervenirlo sin costo, por su cuenta y riesgo, pero
era demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía
más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.
En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una
clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba ocho
meses rogando en Saludcoop que le dieran una cita con el doctor.
Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue
agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde
hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido
una embolia cerebral.
¿Qué es lo que está sucediendo para que en solo seis meses, entre
enero y julio del año pasado, se presentaran ante las autoridades
sesenta mil reclamos contra empresas de salud? Quién sabe cuántas
víctimas más ni siquiera se toman el trabajo de protestar. Y ni
hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse.
Lo que está pasando es que el sistema colombiano de salud se reventó
en pedazos. Resultó fallido. Las razones son varias, pero todas giran
alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la
politiquería, se aliaron con la voracidad económica de unas cuantas
empresas privadas y con la podredumbre que campea en las oficinas
públicas.
38 billones por año
Desde que se estableció el sistema, hace casi veinte años, el Estado
colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias, que no han
servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie
atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos
honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada
día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios:
hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de
radiología. El sistema no resiste una reforma más.Es un régimen
insostenible.
En Colombia, la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos. La
mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan
en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden
hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que
supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más
pobres.
Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que
los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar
cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan.
El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los
departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que
pagan impuestos.
Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los
deja en manos de unas compañías llamadas "empresas promotoras de
salud", que son el origen de nuestras desgracias.
La paradoja más grande y más dolorosa es esta: nunca antes habíamos
tenido tantos recursos para la salud de los colombianos, pero nunca
antes el sistema de salud había estado en una situación financiera tan
crítica. Lo primero que uno hace, pensando en los 38 billones de
pesos, es comenzar a preguntarse: ¿por qué, con semejante chorro de
plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para
conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que
la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero? ¿Por qué
clínicas y hospitales están en crisis?
Cobran, pero no pagan
La respuesta es simple pero aterradora: porque no les pagan los
servicios que prestan. Según un balance que tengo en mi poder, las
empresas promotoras de salud, algunas compañías de seguros y el
Gobierno Nacional, más municipios y departamentos, le deben al
conjunto de instituciones hospitalarias una cantidad que se acerca a
los 10 billones de pesos.
A fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las
famosas EPS adeudan cerca del 60 por ciento. Reciben de antemano la
plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los
acogen. El Estado, incluyendo Nación, municipios y departamentos, debe
otro 17 por ciento. Para ser rigurosamente exactos: el 17,2 por
ciento. El resto corre por cuenta de numerosas entidades de diversa
índole. Algunos de esos compromisos tienen más de un año de atraso. Y
después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los
médicos o insultan a las enfermeras.
Hospitales en quiebra
Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre.
Conseguí la lista de los cinco más afectados y de la suma que les
estaban debiendo hasta hace tres meses, en diciembre del año pasado.
Tres de ellos son de Medellín.
1. A la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, le deben
248.000 millones.
2. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones.
3. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones.
4. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones.
5. A la Fundación Clínica Valle del Lili, de Cali, le deben 93.000 millones.
Si no han desparecido es porque los hospitales no se mueren de un día
para otro. Agonizan despacito. Pero si la situación actual persiste,
la única alternativa que les queda es la más peligrosa de todas:
reducir servicios, reducir personal y reducir costos para sobrevivir.
Es decir: acabar con la calidad.
Honorarios congelados
El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los
hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al que las EPS solo le
reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta
1'200.000 pesos. "De algo tengo que vivir", me dijo. El otro día, uno
de sus pacientes lo demandó, alegando negligencia profesional, y le
reclama una indemnización de 1.000 millones de pesos.
Presionados por las empresas promotoras de salud, que los someten a
humillantes procesos de "negociación", y que amenazan con dejarlos sin
trabajo si no admiten sus condiciones, los médicos han tenido que
aceptar, año tras año, que sigan vigentes las mismas tarifas del 2001.
Así, un médico que recibe pacientes de las EPS es el único trabajador
colombiano que devenga hoy los mismos honorarios de hace 11 años. Han
perdido su poder adquisitivo porque el costo de la vida crece sin
parar, pero su remuneración se mantiene invariable.
Como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para
tener más ingresos, los revisan a las volandas, uno tras otro,
rapidito, como si por docena fuera más barato. Por esa razón, el
tiempo de una consulta médica es cada día más breve. Y la atención,
más deficiente.
Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que les
reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario
único que regule su relación laboral con las empresas de salud. Pero,
en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es
imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de
pesos. Hace once años, les costaba tres.
Entonces, si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los
médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque
cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados,
¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente?
Confieso que no me atrevo ni a pensarlo.
El naufragio de Caprecom
Veamos, a vuelo de pájaro, el caso de Caprecom, la única EPS estatal
que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia
especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en
este momento les debe 680.000 millones de pesos.
Caprecom se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha
saqueado. Cómo será de lucrativo manejar por dentro a esa entidad que,
hace unos tres años, el gerente de un laboratorio de medicamentos, que
en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció
para irse de subalterno a Caprecom con 12 millones.
En el 2009, durante la alarma internacional por la epidemia de gripa
AH1N1, Caprecom compró 700.000 dosis del medicamento Tamiflú. Pagó
27.000 pesos por cada dosis. En el mercado internacional costaba
12.000 pesos. El sobrecosto fue del 225 por ciento. Tampoco ha sido
posible saber, hasta el sol de hoy, cuál fue el proceso que hizo
Caprecom para comprar 1.300 computadores.
La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores
más, llamados "contratistas", que son vinculados a través de
misteriosas cooperativas de intermediación laboral.
Hay casos en que Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de
pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La
cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no
se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de
esas cooperativas?
Durante la primera ola invernal, que según el Gobierno terminó en mayo
del año pasado, Caprecom le cobró al Ministerio de Protección Social
390 millones de pesos por trece brigadas sanitarias que debían haberse
hecho en los albergues donde estaban los refugiados de las
inundaciones. La verdad es que tardaron tanto tiempo en organizar las
brigadas que, a los nueve meses, cuando por fin aparecieron, ya los
damnificados no estaban en los albergues.
En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, Caprecom
presta servicio a tres millones de personas en 820 municipios, el 80
por ciento del país, incluyendo las regiones más olvidadas, como el
Chocó, Guaviare y Amazonas, que no son rentables para las EPS
privadas. Calculen el tamaño del desastre que se les avecina a esos
colombianos.
Uno de sus directivos, a pesar de mi insistencia, solo accedió a
hacerme una lacónica declaración. Una sola. Con cara de desconsuelo,
me dijo:
-La verdad es que Caprecom se convirtió en la caja menor de algunos
congresistas.
¿Menor? A mí me parece que es la mayor.
Las EPS privadas
Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para
defraudar al sistema. Todos los días aparece una nueva forma de la
corrupción. Por ejemplo: dentro del pago que hacen los usuarios está
contemplada una atención domiciliaria, el "servicio de enfermería en
casa", incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
Pero, mañosamente, le cambiaron el nombre: lo llaman "cuidador en
casa", que no aparece inscrito en el plan, y eso les permite cobrar
dos veces el mismo servicio: una como "auxiliar" y otra como
"cuidador". Ya se han encontrado casos en que el sobrecosto por
paciente llega a 5 o 6 millones de pesos diarios.
Otro ejemplo que ilustra los extremos demenciales a que hemos llegado
en materia de inmoralidad es el caso de la prevención de enfermedades,
prioridad fundamental en cualquier país civilizado.
En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS
la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente, a fin de que dicha
empresa adelante trabajos de promoción y prevención de salud. Es lo
que en el enredado vocabulario del sistema se conoce como "p y p".
Se supone que las EPS reciben ese dinero, que es del pueblo, y
deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para sus tareas
preventivas.
Pero la verdad es otra: solo les transfieren 140 pesos por paciente.
Es decir: la empresa promotora de salud se queda con 1.525 pesos que
no le pertenecen. Haga cuentas, por cada paciente. Uno se pregunta,
alarmado, si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su
propio dinero, el que entrega a las empresas. Y si la hace, ¿por qué
no descubre ese desfalco?
¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los
directivos de las EPS privadas, a la hora de escoger hospitales para
contratar servicios, lo hacen con aquellos que son de sus amigos, de
sus familiares o de sí mismos. Fundan clínicas solo con ese propósito.
Se ha comprobado que su calidad es inferior al promedio. Natural que
así sea: no están hechas para salvar vidas, sino para ganar plata.
Pero aquí no hay un gobernante que ponga el grito en el cielo y los
meta en cintura, ni hay un juez que, además de meterlos en cintura,
los meta también en la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que
protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al Presidente de
la República, por su parte, se le llena la boca anunciando nuevas
reformitas del sistema, engañosas pastillas de placebo, como si esa
colcha de retazos aguantara un remiendo más.
Ladrones en todas partes
La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan
desde el principio. El sistema colombiano de salud no tiene una base
de información unitaria, sino dos: una para las personas que pagan su
contribución y otra para quienes reciben subsidios del Estado. El caos
es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por
atender a personas que ni siquiera existen.
En cuanto a los subsidios, son incontables los municipios que reportan
atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes
de la población entera. (Es un caso similar al de la educación: para
sacarle dinero al Estado, hay colegios y universidades que envían unas
listas de becarios que superan en cantidad a todos los matriculados.)
Epílogo con sugerencias
Tras dedicarme varios meses a investigar esta realidad maloliente, y
después de consultar a tantos expertos, puedo repetir, sin quitarle ni
una coma, lo que dije en el primer párrafo: el sistema colombiano de
salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él
la luz perpetua.
Quedan, para fundar sobre ellas un sistema nuevo, las siguientes reflexiones:
1.- Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas
empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la
salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas
prepago, pero menos complacientes.
2.- El desastre, como es natural, lo origina la manipulación de tanto
dinero. Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la
creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las
cuentas, bajo control del Estado, y no de los particulares.
3.- Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único,
universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en
ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente
no se muera en la puerta esperando que la atiendan.
4.- Es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos,
enfermeras, trabajadores de la salud en general, reciban una
remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho con franqueza: que
los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor
dura 11 años cobrando la misma tarifa.
5.- En el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la
salud, que son la peor plaga.
6.- El sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente
a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención. La atención
es el complemento.
Y, por último, hablando acá, para mis adentros, yo pido algo que no
depende del Gobierno, sino de Dios: que un milagro le devuelva la
vista al niño de Villavicencio.
En este momento su madre está pidiendo limosna para comprarle los
implantes de órbitas oculares, lo que se conoce como "cristales para
rellenar cuencas".
Ah, pero como no todo hay que dejárselo a Dios, también pido que un
juez castigue a los culpables. Termino aquí porque me parece que ya
estoy exigiendo demasiado: salud y justicia al mismo tiempo.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO
Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERI...