Texto publicado por Urria Gorria

reforma de la ley del aborto
El PP retrocede 30 años y limita el aborto a casos de violación y el riesgo para la mujer
CONCHA LAGO - Sábado, 21 de Diciembre de 2013 - Actualizado a las 06:03h

Bilbao. El Gobierno del PP torpedeó ayer el derecho de las mujeres a decidir en el tema del aborto con una ley que retrocede a antes de 1985 y que establece que la interrupción del embarazo solo estará permitida en casos de violación (hasta las doce semanas) o si hay riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (hasta la semana 22). El anteproyecto elimina el supuesto de malformación y detalla que si hay "anomalías fetales incompatibles con la vida" harán falta dos informes médicos para poder interrumpir el embarazo.

El Consejo de Ministros dio así el visto bueno a lo que muchos colectivos progresistas califican como una "escabechina" para los derechos de las mujeres, que ven cómo sus derechos retroceden tres décadas y pasan a ser consideradas ciudadanas de segunda categoría.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, proporcionó ayer una visión radicalmente distinta y explicó que la reforma "libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal" y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo. "Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985" entre la protección del nasciturus y los derechos de las gestantes, aseguró Gallardón, quien afirmó que también aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto.

Lejos de Europa La reforma de Gallardón distancia a España de la mayoría de los países europeos. De los países de la UE, solo Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia tienen un sistema de supuestos, si bien las mujeres pueden aducir razones socioeconómicas para abortar. Malta es el único país en el que la interrupción del embarazo no está permitida en ningún caso y es un delito penado con cárcel.

Con el nuevo texto en la mano, para poder abortar, la anomalía del feto o el embrión deberá causar un daño psíquico o físico en la mujer y tendrá que quedar probado en un informe médico al que debe acompañar otra acreditación médica de la malformación incompatible con la vida. En el caso de violación, la mujer deberá aportar la denuncia para poder interrumpir el embarazo, que podrá realizarse hasta la semana 12 de gestación.

Cuando el embarazo suponga un peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto podrá realizarse hasta la semana 22, siempre que quede acreditado en un informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique y de diferentes centros sanitarios. Si la gestación supone un peligro vital derivado de una anomalía que no se hubiera detectado antes, no habrá limite de tiempo para abortar.

Los colectivos progresistas no entienden el porqué de tanta limitación ya que los datos ponen de manifiesto que el número de abortos no se ha incrementado desde la aprobación en 2010 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de que esta permitía la interrupción de la gestación hasta la semana 14 sin restricción. De hecho, en España se han practicado en torno a 1,7 millones de interrupciones voluntarias del embarazo al amparo de la ley desde la despenalización del aborto en 1985.

Otro de los cambios sustanciales que presenta la nueva reforma es que las menores que quieran abortar tendrán que informar a sus padres o tutores, mientras que hasta ahora la regulación vigente permitía que no informaran a sus progenitores si alegaban coacciones o amenazas en el ámbito familiar. Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés. Gallardón se molestó ayer en insistir que la reforma responde a un compromiso electoral del Partido Popular y que se ha aprobado, sin divisiones internas, en el plazo establecido, es decir, en el ecuador de la legislatura.

división de opiniones El nuevo texto genera mucha controversia y no gusta a casi nadie. No en vano, ayer colectivos pro derecho a la vida y proabortistas protestaron al unísona en contra de la resolución del Consejo de Ministros. Para los primeros, encabezados por la plataforma Derecho a Vivir, el anteproyecto no cumple su principal meta: el aborto cero, aunque lo han celebrado por entender que "es un paso muy importante para conseguir ese objetivo".

Mediante una gran pancarta que rezaba Por el aborto cero: seguimos adelante, proclamas de vida sí, aborto no y cánticos de ¡Que viva la vida! a ritmo del ¡Que viva España! de Manolo Escobar, una veintena de miembros congregados ante la sede del Ejecutivo de Mariano Rajoy quisieron mostrar su "compromiso con la vida". "Hoy (por ayer) se ha dado un paso adelante hacia la protección de la vida de los más débiles en España", afirmó su portavoz Gádor Joya, quien espera que la nueva ley "no se quede en un mero maquillaje" de la actual legislación.

Desde la otra punta de la Moncloa, la plataforma Decidir nos hace libres se manifestó precisamente a favor de la normativa -por ahora- vigente, una ley que lleva en funcionamiento "de manera impecable" desde 2011, en opinión de la portavoz de la organización, Isabel Serrano.

Las críticas llegaron desde todas direcciones. Por ejemplo, la asociación que aglutina a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, ACAI, denuncia que la reforma invisibilizará a 100.000 mujeres que cada año se acogen a la libertad de elección para abortar. Según sus estudios, la mitad de las mujeres que abortan lo hacen porque "no quieren ser madres o no quieren volver a serlo en ese momento de sus vidas" y ningún cambio de su situación personal, social, afectiva, laboral o económico les llevaría a renunciar a la interrupción del embarazo. Respecto al supuesto de la malformación fetal, en ACAI recuerdan que son pocos casos al año, unos 3.000 (un 3%), pero recuerdan que comportan gran sufrimiento para las mujeres que deben acometerlos.

fuente: deia
http://www.deia.com/2013/12/21/sociedad/estado/la-ley-criminaliza-a-las-...