Texto publicado por José Luis Rios

Julia Rojas, de 46 años, renunció a un trabajo y un sueldo fijo para ocuparse de su hijo autista
INMA SANTOS HERRERA
BARCELONA
En argot administrativo, Manolo (12 años) es un dependiente de grado 2 y tiene una minusvalía reconocida del 65%. Es autista con brotes psicóticos y, en palabras de su madre, Julia Rojas (46 años), necesita ayuda «para vestirse, para ducharse, para ir al lavabo... No tiene consciencia del peligro, es agresivo, se autolesiona y la emprende con nosotros.» Esto, y mucho más, es lo que implica cuidar de Manolo desde el punto de vista estrictamente de dedicación. «No es autista profundo, en una escala del 0 a 20 estaría en un 10, pero es agresivo y cada vez va a peor», explica Julia.
Ante esta situación -a la que se le añade que Manolo tiene un hermano gemelo, Antonio, que no es autista- Julia, como tantas mujeres, tomó una decisión hace seis años: «Lo dejé todo por él. Y lo he perdido todo». Ese todo incluye un empleo y 22 años cotizados. Todo a cambio de una dependencia de 426 euros al mes como cuidadora (desde el 2009), que el año pasado sufrió un recorte del 15% (354 euros) y que este año se ha quedado en 268 euros: «En diciembre pasado le concedieron a Manolo una minusvalía del 65% y me rebajaron un grado la dependencia, y por supuesto, si trabajara dejaría de recibirla», dice Julia. Así que a las preocupaciones propias de tener un hijo de 12 años autista con brotes psicóticos y otro tan sano como cualquier otro niño de su edad, se le une otra angustia: llegar a fin de mes. Angustia porque el marido de Julia, Francisco, está en paro y los únicos ingresos de esta familia de Santa Coloma de Gramenet es esa dependencia menguante y un subsidio de paro de 1.000 euros que se agotará en cinco meses. «Es muy duro que tu familia compre la ropa de tus hijos porque no puedes costearlo», reflexiona Julia.

Con su pensión, sus padres también pagan el colegio de Antonio.

Los gastos no perdonan

Francisco dejó un trabajo de 17 años como auxiliar de enfermería para trabajar como funcionario interino de prisiones, pero con los recortes, en el 2011, se quedó en la calle. Y los gastos no perdonan: la hipoteca, el crédito del coche, luz, gas, teléfono, alimentación....

Manolo toma ocho pastillas diarias -«antipsicóticos»-, lo que supone un gasto de 30 o 40 euros mensuales, que ascienden a 50 cada dos meses, cuando hay que comprar pañales -«habitualmente solo los utiliza por la noche...»- . Va a un colegio especial público y recibe una beca comedor. «Este año aún no hemos recibido la beca y hemos pagado con la del año pasado», dice Julia, que añade a la lista de cuidados una atención psiquiátrica que «de momento» cubre la Seguridad Social.

Para Julia, estos han sido seis años de desgaste económico y emocional, que distan mucho de haber acabado. «¿Qué va a pasar con nuestros hijos el día de mañana, cuando nosotros no estemos, si les están quitando todos los derechos?», se pregunta, antes de reclamar tan solo una cosa al Gobierno: respeto para madres como ella y sus hijos.