Texto publicado por Miguel de Portugalete

Cada euro invertido en centros especiales de empleo produce 1,44 euros para la sociedad

Cada euro invertido en centros especiales de empleo produce 1,44 euros para la sociedad

Cada euro invertido en centros especiales de empleo produce 1,44 euros
para la sociedad

Servimedia / Madrid

Los centros especiales de empleo (CEE) producen para la sociedad 1,44
euros por cada euro invertido en ellos, sin tener en cuenta los salarios
de sus trabajadores,
que conllevarían un impacto aún mayor. Así lo señaló el presidente de la
Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de
Empleo
(
Feacem
), Daniel-Aníbal García, en una entrevista concedida a Servimedia en la
que explicó que, “en un escenario muy negativo, por cada euro que se
invierte en
los centros especiales de empleo se revierte a la sociedad más de 1,44
euros, sin tener en cuenta los salarios”.

“Tenemos un retorno de inversión social que no tiene nadie más”, aseguró
García, quien destacó que todos los beneficios obtenidos por estos
centros se
reinvierten en la sociedad.

Además, también incidió en que fueron “de los pocos sectores productivos
que en plena crisis del empleo hemos seguido creando empleo neto”,
incidiendo
en que se trata, además, de “un colectivo que tiene muy difícil la
inserción laboral, como son las personas con discapacidad”.

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Preguntado por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el
presidente de Feacem se mostró “bastante satisfecho” con que "se hayan
dado pasos para
que haya criterios sociales y medioambientales en la contratación pública".

Esta ley, que entró en vigor en marzo de 2018, entre otras cuestiones
prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de
determinados tipos
de contratos públicos para centros especiales de empleo, así como a
empresas de inserción o programas en los que al menos el 30% de sus
empleados sean
personas con discapacidad.

Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a
empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en
plantilla,
al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.

“Hemos tenido un respaldo muy fuerte con los cambios normativos, como
para la contratación pública, que para nosotros no es sólo un fin”,
afirmó García
en este sentido, para a continuación añadir que “es una manera de poder
devolver a la sociedad mediante la contratación, crear un círculo
virtuoso dando
servicios públicos de una manera muy buena a la Administración Pública y
que los posibles rendimientos industriales se reinviertan en la
sociedad”. “Ahora
lo importante es que esta ley se ponga en práctica y que se empiecen a
hacer contratos reservados”, agregó.

Por otra parte, preguntado sobre las críticas de algunos sectores
empresariales a las reservas de contratos públicos que contempla la
nueva ley para los
centros especiales de empleo, García defendió la importancia de las
reservas y resaltó que para poder acceder a ellas la norma establece
“que todo el beneficio
debe revertirse en crear empleo mediante la reinversión de los
beneficios en el propio centro o en otros centros”. Por ello, García
señaló que las empresas
que critican la ley también podrían optar a las reservas “renunciando a
que el beneficio industrial sea para los accionistas”.

García aseguró que la reserva “claro que es excluyente, es excluyente
para aquellos que no den el paso de reinvertir su beneficio en la
sociedad” y reivindicó
que los centros especiales de empleo “no hacemos responsabilidad social,
somos pura y dura responsabilidad social empresarial”.

Afirmó que muchas administraciones son sensibles con la contratación de
personas con discapacidad pero que es necesario “pasar de la
sensibilidad de turno
del ayuntamiento al cumplimiento de la norma”. “Nosotros ya no podemos
estar a expensas de que el ayuntamiento equis sea sensible; hay una
norma, usted
tiene que reservar estos contratos y tiene que hacerlo, porque el
legislador ha entendido que esto es un beneficio social. Tenemos que
pasar del voluntarismo
de turno al cumplimiento normativo”, declaró.

“CÍRCULO VIRTUOSO”

Por todo ello, García defendió que lo contemplado por la ley “es una
manera de entrar en un círculo virtuoso y que el beneficio industrial y
la inversión
en contratación pública reinvierta de manera extrema en la sociedad”.

“Lo veo como el círculo perfecto de la mejor y más eficiente forma de
gastar el dinero público”, añadió, explicando que, además, la
contratación pública
con estos centros de empleo “no es a costa de que la Administración
Pública pague más, porque es a precio de mercado”.

Además, el presidente de Feacem destacó que el empleo generado “es de
calidad porque está centrado en la persona, ya que el proceso productivo
se adapta
a cada persona con aquellas necesidades de apoyo y adaptaciones que tenga”.

ROMPER MITOS

Por último, preguntado por qué medidas se podrían implantar para
fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector
privado, García apuntó
que es necesario “seguir confiando en políticas públicas que favorezcan
la inserción, como beneficios fiscales y cotizaciones”, pero también
abogó por
“hacer hincapié en la autoimagen de las personas con discapacidad y
transmitir al sector privado que somos perfectamente productivos”.

En este sentido, indicó que es “muy importante” que las personas con
discapacidad “tenemos que ser conscientes de nuestra propia
empleabilidad, ya que
a veces tenemos un problema de autoestima o de autoconcepción” y, por
otro lado, “acabar con los mitos para los empresarios, que muchos de
ellos piensan
que una persona con discapacidad no puede ser parte del sector productivo”.

“Es muy importante la sensibilización, tanto entre las personas con
discapacidad como entre los empresarios”, resaltó García, añadiendo que
“también en
algunos casos las propias familias son frenos para la realización de las
personas con discapacidad” y que “hay que ser conscientes de que su
familiar quizás
donde mejor se puede encontrar es trabajando”.