Texto publicado por JAIME MAURICIO GAITÁN GÓMEZ

Es innegable que gracias a los esfuerzos de importantes líderes de la comunidad de personas con discapacidad en el país, se han logrado destacados progresos en la atención y la participación de los colombianos y colombianas que por alguna enfermedad, accidente laboral o común, por haber heredado o adquirido en los vientres maternos alguna imperfección orgánica, física o sensorial, se nos clasifica como personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, mental, múltiple, sordo ceguera o personas de baja talla, condiciones que nos impide desarrollar plenamente nuestras capacidades laborales, sociales, educativas, familiares, culturales o en cualquiera de los ámbitos en los que por ser seres humanos, debemos compartir productivamente, la construcción de la economía y de la red social implícita en cualquier comunidad local, regional, nacional o internacional.

Hasta antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991, aquella que nos rige y que fuera proyectada en la Asamblea constituyente que se convocó en 1990 luego del Acuerdo de Paz firmado con el M-19 a través de la Octava Papeleta impulsada especialmente por sectores universitarios el día de las elecciones presidenciales de ese año en las que César Gaviria alcanzó la presidencia, el tema de la discapacidad ni siquiera era contemplado constitucionalmente, lo que probablemente respondía a la insignificancia política del tema, situación que sin lugar a dudas, reflejaba los efectos del prejuicio derivado del desconocimiento generalizado en cuanto a las capacidades, habilidades y competencias de quienes por la disfunción sensorial, incapacidad para movilizarnos sin la ayuda de una silla de ruedas, de oír, de comprender ortodoxamente el mundo que nos rodea, por no poder acceder a los entornos físicos diseñados para ser usados por quienes su estatura corresponde a los estándares promedios o en general, por las dificultades propias que una discapacidad nos ofrece para poder comunicarnos o interrelacionarnos con nuestros entornos.

Gracias a ese avance, se dio rienda suelta a la creación de un prolífero e ineficiente marco legal, pues en la Constitución en sus artículos 13, 47, 54 y 69 entre otros, se reconoce que tanto el Estado como la sociedad, deben facilitar nuestro acceso a la productividad y explícitamente, se establece que cualquier persona con disminuciones sensoriales, físicas o cognitivas, debemos ser objeto de una atención prioritaria en el régimen de salud, al acceso al ecosistema educativo, cultural y deportivo, que podemos contar con sistemas de transporte masivo en los que sin importar que no veamos, no nos podamos movilizar sin una silla de ruedas o que seamos de baja talla, por ejemplo, tenemos derecho a ir de un lugar a otro, que tenemos derecho a vivir en inmuebles dignos y que también nos cobija el derecho de desarrollar nuestra libre personalidad.

Pero como suele suceder en nuestro hermoso país, no faltó el oportunista que siendo parte de la élite socio económica colombiana, llegó al Senado de la República, personaje que por un accidente automovilístico, contrajo una discapacidad física y convocó a los ingenuos líderes que llevábamos décadas en la quijotesca misión porque nos fueran reconocidos nuestros derechos como a cualquier otro colombiano o colombiana que por el solo hecho de estar vivo, requiere de vivienda, educación, oportunidades laborales, de una adecuada atención de salud, de divertirse o hacer uso del tiempo libre y nos embarcó en la creación de la que años más tarde, se le conociera como Ley Clopatofsky o Ley Marco de la Discapacidad en Colombia, la que no se puede negar que ha servido de faro para el desarrollo del mencionado marco legal, pero que no es conocida por los líderes y actores con poder de decisión de sectores ajenos al de la discapacidad como el empresarial o productivo, siendo nuestra “biblia” con las que nos damos esperanzas e ilusiones al interior de nuestra comunidad, la que no hemos podido hacer que deje de ser un verdadero gueto.

Seguramente por la falta de interés y desconocimiento de otros parlamentarios, se apresuraron a aprobar el texto de la que se conoce también como Ley 361 del 7 de febrero de 1997, sin percatarse de innumerables inconsistencias como impedir que los empresarios incentivados para contratar a personas con discapacidad en sus empresas, pudieran prescindir de los servicios laborales de quienes con la disculpa de no poder ver bien, no poder movilizarse fácilmente, por no tener alguna de sus extremidades, no poder comprender bien una instrucción o cualquier otra circunstancia, dejaban de cumplir con obligaciones elementales como hacerse presente en los sitios de trabajo o cumplir con horarios y normas mínimas, lo que se convirtió paradójicamente, en una barrera para que algunos bien intencionados empresarios, evitaran la contratación de personas con discapacidad a pesar de los incentivos propuestos en la Ley, por el temor de enfrentar procesos legales relacionados con la vulneración de derechos de las personas con discapacidad.

Este marco legal impulsó a los líderes para que propusiéramos la creación del Sistema Distrital de Discapacidad, conformado por el Consejo distrital en el que tienen asiento tanto el Alcalde Mayor como parte de los miembros de su gabinete, especialmente aquellos que tienen que ver con asuntos sociales, de movilidad y otros que por sus misiones institucionales, deben facilitar infraestructuras y condiciones para la inclusión social, en este caso, de los bogotanos y bogotanas que vivimos en condición de discapacidad; por el comité técnico, instancia de participación que al igual que en el consejo, le da la oportunidad a un representante por cada una de las siete clases de discapacidad que según la CIF, son reconocidas y que en el caso del comité técnico, deben hombro a hombro con funcionarios técnicos, materializar propuestas que nacen o son consideradas en el seno del Consejo y por último, por la Secretaría Técnica que se turna entre las entidades gubernamentales del Distrito que tienen asiento tanto en el Consejo como en el comité Técnico.

Esta estructura burocrática, política y poco eficiente, se repite en cada una de las veinte localidades del Distrito, me refiero a los consejos locales de discapacidad cuya conformación también fue una de las tareas de algunos obstinados líderes y no reconocidos por la institucionalidad.

De ahí, instituciones como el IDPAC, la Secretaría Distrital de Salud, la de Integración social y Cultura especialmente, tal vez con muy buenas intenciones, lideraron procesos que se han vuelto icónicos en la capital colombiana, pero han incurrido en la ineficiencia de conquistar a los sectores más influyentes de nuestra sociedad, como el político o el productivo, basándose en el preconcepto de altruismo y se han interesado más en un enfoque asistencialista que desconoce las potencialidades y las verdaderas necesidades de la población con discapacidad, haciéndoles creer a quienes tienen la responsabilidad de adjudicar presupuestos y facilitar el desarrollo de políticas, programas y proyectos que beneficien a la población con discapacidad, que el enfoque del asistencialismo es el correcto, lo que no les disgusta a estos actores decisorios en la medida que por prejuicios morales y religiosos, están convencidos que quienes vivimos en condición de discapacidad, solo podemos ser objeto de conmiseración y lástima, lo que les permite mostrarse como benefactores de los “pobrecitos discapacitados”, lo que políticamente es atractivo porque difunden entre la gran mayoría de miembros de la sociedad, especialmente entre quienes cuentan con recursos económicos, un mensaje de bondad que se puede capitalizar político económicamente.

En ese marco conceptual, en la década de los noventa del siglo pasado, una noble fisioterapeuta que prestaba sus servicios a la Secretaría Distrital de Salud, trajo desde Israel, la novedosa y prometedora estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, la famosa RBC, pero debido a su perfil profesional, creyó que las personas con discapacidad con poder lavarse las manos solas, hacerse el aseo personal sin ayuda, poder vestirse, poder caminar o trasladarse solo con la ayuda de una silla de ruedas o muletas o prótesis, usar un bastón blanco o tener intérprete de señas, era suficiente, pues en la academia, a las fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, fue lo que les enseñaron y por supuesto, ellas creen que una persona con discapacidad, si podemos hacer esas cosas sin ayuda, es suficiente.

Por esa vía, el impacto que se pudo esperar de la implementación de la RBC, quedó trunco y se desconoció que la inclusión de personas que vivimos en condición de discapacidad, pasa por la posibilidad de que seamos productivos en áreas como el trabajo o el emprendimiento y que para ello, requerimos de verdaderas estrategias y compromisos del sector educativo y de preparación a la productividad, del compromiso de empresarios, políticos y gremios, del compromiso de nuestras familias que deben dejar de ser sobreprotectoras o que entiendan que podemos tener sueños, que nuestros vecinos nos dejen de ver como fenómenos o superhéroes… en síntesis, que entiendan que solo requerimos de ajustes mínimos razonables y de oportunidades para construir con ellos, una sociedad más justa y progresista.

Tanto el Sistema de discapacidad del Distrito como todas las demás instancias que se han creado alrededor de estos antecedentes y que constituyen el ecosistema de la discapacidad en Colombia, por estar dirigido y sus actores decisorios aconsejados, seguramente con buenas intenciones, por el gremio de las terapias, han hecho grandes esfuerzos en foros, seminarios, creación de normas y políticas, etc. Acciones Dirigidas a fortalecer a las personas con discapacidad y en todos esos casos, las convocatorias se hacen a quienes hacemos parte del sector, llegando a ser una gran familia que nos encontramos cada vez que la institucionalidad, convoca a un nuevo foro o actividad, a las que nunca asisten políticos o empresarios que aprendan el rol que les corresponde para incluir verdaderamente a la población con discapacidad al mundo productivo.

Asuntos como no haber sido posible determinar el verdadero tamaño de la población con discapacidad en el país, población que se supone que alcanza el 12% de la totalidad de colombianos y colombianas según la OMS y que según el censo poblacional de 2005, somos algo así como 4 millones, pero que gracias al intento fallido del Ministerio de Salud por levantar un registro y caracterización idóneo, solo se tiene información confiable de cerca de 900 mil personas con discapacidad, la falta de conocimiento de cómo tratar el tema de la discapacidad por parte de los grandes y más influyentes medios de comunicación que se están viendo reemplazados por las redes sociales que no siempre son bien usadas, los prejuicios que nadie parece querer modificar y la invisibilidad de la discapacidad como problemática, van haciendo que los “muros” que delimita el gueto de la discapacidad, sean cada vez más infranqueables en nuestro país.

Y es lamentable la indiferencia social generalizada que impide derrumbar esos “muros”… En el año 2006, la prestigiosa comunicadora social brasileña Claudia Werneck, autora de metodologías y una inmensa obra académica relacionada con la comunicación masiva en función de la inclusión de personas con discapacidad, dictó un seminario en la ciudad de Bogotá a medios de comunicación masivos al que fueron invitados importantes medios de comunicación venezolanos, ecuatorianos y colombianos, habiéndose tomado la decisión de hacerlo en Bogotá en virtud de la equidistancia geográfica, habiéndose hecho presente representantes de los más importantes periódicos y otros medios de los vecinos países, siendo la sorpresa que de ninguno de los medios nacionales, se hicieran presentes, lo que les hubiera dado la oportunidad de emplear términos como “personas con discapacidad” y no “discapacitados” y otros conceptos elementales que por desconocimiento, no son empleados por los grandes y muy destacados periodistas que con méritos, son reconocidos por la sociedad colombiana, pero gracias a su influencia, solo resaltan las caminatas de los soldados “discapacitados”, echando por tierra los enormes esfuerzos que desde nuestro gueto, hacemos para que seamos vistos como personas con discapacidad en el marco de tratarse de una condición diferencial, pero no excluyente.

En ese mismo sentido, cuando gracias a la incansable presencia de nuestros líderes se logró que la institucionalidad contratara a profesionales con discapacidad para hacer parte de los equipos que atienden a la población con discapacidad a través de proyectos con marcado enfoque asistencialista, los mismos, fueron conformados bajo la orientación de profesionales, otra vez, de las terapias, que de acuerdo a las experiencias, no conciben tener como compañeros laborales, a personas con discapacidad, a las que están permanentemente dispuestas a descalificar sin tener en cuenta que el desempeño de los profesionales con discapacidad, pasa por la capacidad que tanto las instituciones como los orientadores de esos equipos, desarrollen estrategias de ajustes mínimos necesarios y a pesar de haber recibido información académica acerca de la complejidad psicosocial de las personas con discapacidad, desconocen torpemente esta realidad, quedando nuestros intentos de salir del gueto, restringido por el entorno.

Solo nos queda, al parecer, seguir quejándonos entre nosotros mismos en nuestro gueto.

Finalmente la historia desconocida, precisamente porque no hemos podido dejar de ser un gueto, si la revisamos, encontraremos incluso algunos abusos que en nombre de la discapacidad, algunos funcionarios vividores del sector, han cometido… en el año 2006, la Embajada de Japón hizo una convocatoria en alianza con el ICETEX para que un docente de un colegio distrital, asistiera a un seminario en ese hermoso y desarrollado país nipón para que aprendiera metodologías para incluir a estudiantes con discapacidad a las aulas regulares, convocatoria ganada por un docente que le tocó llamar a los medios de comunicación para denunciar del despojo del que fue víctima por la que por entonces, era la representante de la Secretaría de Educación del Distrito ante el comité técnico de discapacidad, que sin saberse de qué manera, resultó ser la adjudicataria de la beca con todos los gastos pagados.

Si seguimos en el gueto, estas cosas seguirán pasando.